23:37 REPORTAJE
En el caso Soriana todo giraba en torno al uso de miles de tarjetas para comprar y coaccionar el voto. Después de poco más de un año y medio, el IFE ha declarado infundado el procedimiento y cerró el caso.

Ciudad de México, enero 31 de 2014 (COMUNICA).- Las elecciones presidenciales de 2012 fueron objeto de tres grandes cuestionamientos: la propaganda disfrazada en radio y tv, el gasto excesivo en la campaña y la compra masiva de votos a favor del candidato ganador.

Estas acusaciones constituyeron el corazón del recurso de inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista (PRD- PT- MC) ante la Sala Superior del Tribunal Electoral federal. Los magistrados resolvieron darle validez jurídica a la elección y declararon presidente electo a Enrique Peña Nieto. Consideraron que la evidencia disponible era insuficiente para poner en entredicho la constitucionalidad de la elección. No obstante, el IFE debía continuar con la investigación de las quejas presentadas.

Poco antes de la declaratoria de validez, el IFE resolvió la queja. Por una mayoría de ocho votos contra uno decidió declararla infundada. Posteriormente, el TEPJF confirmó en revisión lo resuelto por el Consejo General del IFE. En julio de 2013, la Unidad de Fiscalización del IFE presentó su dictamen sobre los gastos de las campañas presidenciales. Según sus conclusiones, la única campaña presidencial que rebasó los topes de gasto fue la de Movimiento Progresista. El dictamen de la Unidad de Fiscalización, impugnado por diversos partidos ante el TEPJF, sigue pendiente de resolución.

El caso Soriana era el último gran tema de la elección del 2012 que quedaba en espera de resolución por parte del IFE. Ciertamente, el caso Monex incluía una queja por compra de votos, pero la parte esencial terminó siendo la de financiamiento paralelo. En el caso Soriana todo giraba en torno al uso de miles de tarjetas para comprar y coaccionar el voto. Después de poco más de un año y medio, el Consejo General conoció y aprobó una resolución que declara infundado el procedimiento contra PRI y PVEM. El IFE realizó durante este tiempo 139 diligencias.

Quizás la mejor forma de entender el caso Soriana es usando una analogía. Se parece a la denuncia de un asesinato a partir de la presentación del arma. De hecho, los quejosos entregaron al IFE 8,759 tarjetas Soriana y acusaron al PRI de haberlas repartido para comprar el voto. Las tarjetas eran innominadas, es decir, no tenían nombre impreso. A partir de esta evidencia el IFE inició su investigación. Pero una debilidad estructural persiguió hasta el final: la ausencia de lo que los abogados llama el corpus criminis. Teníamos un arma, pero no había un cadáver.

El equivalente del cuerpo del delito en los casos de compra de votos es sumamente difícil de probar. Se denuncia una transacción en la que alguien da dinero o dádivas a cambio del voto de otra persona. Pero no hay manera de verificar que la transacción se haya realizado. El voto es secreto. Quien vende su voto tendría que encontrar una forma de mostrar que ha cumplido con el contrato. Habría esquemas ingeniosos para verificar la transacción, pero reproducirlos a una escala masiva resulta logísticamente imposible.

Sin duda, se pueden repartir dádivas o dinero para ganar la “buena voluntad” de los votantes, pero comprar sus votos es otra cosa. De ahí la eficacia de aquella campaña que decía: si te ofrecen dinero por tu voto acéptalo y luego vota por quien quieras.

Con estas restricciones el IFE desarrolló su investigación. La mayoría de las tarjetas presentadas se descartaron como prueba porque eran tarjetas de “Aprecio por ti” que cualquier persona podía obtener y sólo servían para acumular puntos. Con esa arma no podía cometer el crimen denunciado. En el caso de las tarjetas Soriana-CTM, el IFE consiguió un padrón de beneficiarios. Localizó y logró entrevistar a mil 230 ciudadanos. De ellos 34 dijeron haber recibido la tarjeta del PRI y sólo 13 afirmaron que también se les invitó a votar por ese partido. Sin embargo, las tarjetas no tuvieron movimientos durante el año de la elección salvo en dos casos.

El PRD presentó un listado de 596 personas a las que supuestamente les entregaron tarjetas por su voto. El IFE logró identificar a 375 ciudadanos con los datos del padrón y localizar a 179 de ellas. Una vez más, los resultados obtenidos por las entrevistas contradicen la hipótesis de una operación masiva de compra de votos. De las 130 personas entrevistadas, sólo 9 afirmaron haber recibido una tarjeta Soriana entre el 2010 y 2011. Al menos un año antes de la elección.

El IFE ha cerrado el caso de Soriana tras una investigación exhaustiva. Pero hay una discusión que inició en 2012 y que sigue abierta. Si bien es cierto que la amenaza del fraude electoral mediante grandes esquemas de compra de votos se ha exagerado, sí hay un problema real de corrupción de la voluntad de los electores a través de dádivas y prácticas clientelares que se han extendido entre los gobiernos de todos los colores.