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Tortura en México aumentó 600% desde hace diez años
00:21 REPORTAJE
Amnistía Internacional señala que los registros presentados por la CNDH no representan una medida exacta de todos los incidentes de tortura y otros malos tratos ocurridos en México.

Redacción Comunica.- Según el informe “Fuera de Control, Tortura y Otros Malos tratos en México” que presentó recientemente la organización Amnistía Internacional (AI), organismo que denuncia el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2013 recibió 3 mil 842 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por instituciones federales de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la PGR, la Policía Federal y el personal penitenciario federal, en relación con detenciones arbitrarias, malos tratos, allanamientos ilegales, intimidación y uso ilegal de la fuerza.

Sin embargo, la CNDH emitió sólo 35 recomendaciones contra las autoridades implicadas en estos abusos. De las 3 mil 842, mil 505 fueron por tortura y desembocaron en 11 de las 35 recomendaciones citadas. Es decir, menos del 1% de las denuncias ante la autoridad autónoma encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el país, ocasionaron un informe público que documenta los abusos y recomienda medidas concretas.

La mayoría de las víctimas de los casos que ha documentado Amnistía Internacional son hombres de comunidades marginadas y otros grupos vulnerables, como los migrantes en situación irregular.

Por otra parte, aunque las mujeres víctimas de abuso representan una cantidad menor, también son objeto de tortura y son más vulnerables ante las agresiones sexuales. El Estado mexicano enfrenta un juicio ante la Corte Interamericana por tortura sexual a 11 mujeres detenidas en una manifestación en San Salvador Atenco en 2006.

En repetidas ocasiones, Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, ha manifestado que el número de quejas por tortura y malos tratos recibidas se ha reducido en la administración de Enrique Peña frente a la anterior. Sin embargo, las mil 505 quejas registradas en 2013 por tortura se incrementaron un 600% más que hace diez años, antes del estallido de violencia que se produjo a partir de diciembre de 2006. En 2003 la CNDH registró 219 quejas por tortura y otros malos tratos, y en 2004 fueron 273.

Amnistía Internacional señala que los registros presentados por la CNDH no representan una medida exacta de todos los incidentes de tortura y otros malos tratos ocurridos en México, ya que “muchas personas no presentan denuncia y la CNDH es responsable sobre todo de tramitar las quejas contra las agencias federales, pero no las dirigidas contra agentes estatales y municipales”.

AI también critica que el reducido número de casos en los que se hacen recomendaciones públicas “no refleja el nivel real de la tortura y los malos tratos, sino los defectos en la tramitación de los casos por parte de la CNDH”.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), inició entre 2005 y 2013,  3 mil 749 juicios de amparo indirecto en los que reclamaban actos relacionados con tortura. Sin embargo, se desconoce en cuántos casos se concedió el amparo.

En 2003, la Procuraduría General de la República (PGR) adoptó un procedimiento de dictamen médico basado en el Protocolo de Estambul para detectar torturas, dicho protocolo es un manual internacional para investigar y erradicar la tortura por parte del Estado.

Según la PGR, a finales de 2013 había 162 médicos y 49 psicólogos capacitados para realizar el peritaje. Pero, entre 2003 y el final de 2013, la PGR solo había realizado 472 de estos peritajes y concluido que había indicios de tortura en 57 casos. Entre 2002 y 2012 la PGR abrió mil 219 investigaciones por tortura, pero al finalizar 2013 sólo había presentado cargos en 12 casos.

Además, la PGR creó un Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen y un grupo consultivo con funciones de asesoramiento, cuyos miembros pertenecen todos a la Procuraduría General de la República. Amnistía Internacional criticó que no incluyan expertos independientes o representantes de la sociedad civil y que sea la misma institución acusada de tortura la que dictamine si la hubo.

A nivel nacional, las 32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH) son las encargadas de recibir las quejas por tortura u otros malos tratos contra funcionarios estatales o municipales. Según solicitudes de información tramitadas por Amnistía Internacional, 26 Comisiones de las entidades recibieron un total de 2 mil 323 quejas por tortura entre 2008 y 2013, que desembocaron en 392 recomendaciones. Los 6 estados restantes no facilitaron información.

Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística (INEGI) informa que en el ámbito estatal, hasta 2013, sólo se habían registrado cinco condenas por tortura.

Las definiciones de tortura varían en los 32 códigos penales locales de las entidades, pero Amnistía denuncia que en general “las leyes de los estados proporcionan menos protección que la ley federal y no cumplen las normas internacionales, sobre todo en lo relativo a la lista restrictiva de fines y a la participación indirecta de funcionarios públicos en la tortura”.

En el marco constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado en marzo de este año, anula cualquier prueba acusatoria obtenida con violación de los derechos fundamentales del ciudadano. Sin embargo, Amnistía Internacional señala que el Código “no formula recomendaciones específicas sobre la tortura y otros malos tratos y la obligación de investigarlos”.

Este nuevo código entrará en vigor en todo el país en julio de 2016, pero ya se encuentra vigente en algunos estados como Chihuahua o en el Estado de México.

RF




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