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Cambios constitucionales a la creación de la Guardia Nacional que celebra ONU-DH
La reforma constitucional contempla estricto apego a los derechos humanos y la preservación del carácter civil de las corporaciones de seguridad, si se cumple, se iniciaría un camino para superar el paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas que le son impropias.

COMUNICA.-La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró el acuerdo alcanzado en el Senado de la República sobre los cambios constitucionales en materia de Guardia Nacional.

En un comunicado, el organismo saludó que “gracias a la apertura del Congreso de la Unión, diversos actores han tenido la oportunidad de expresar sus puntos de vista” y recordó que, desde el inicio del proceso legislativo sobre el tema, manifestó su preocupación por el carácter militarizado de la propuesta original sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

“La versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas por la Oficina y otros actores relevantes,” sostuvo Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH.

Entre las mejoras, consideró la organización, destaca el giro desde un diseño predominantemente de corte militar hacia otro de carácter civil en la naciente corporación de seguridad, y la eliminación de algunos componentes que atentaban contra la esencia civil de la Guardia Nacional, así como el fortalecimiento del mando civil y la incorporación de elementos de control de carácter democrático.

La ONU-DH subrayó que la colocación de componentes del orden militar sólo en los artículos transitorios preserva la integridad del texto constitucional permanente, y que la recuperación explícita de algunos estándares del “Caso Alvarado” resuelto recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atenúan significativamente los riesgos de la propuesta original.

“Aun así, dicho régimen de transitoriedad deberá sujetarse, en los hechos, a estrictos mecanismos de supervisión de naturaleza civil que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y su detección cuando éstas ocurran, así como su investigación y sanción adecuadas”, acotó.

Por otra parte, la Oficina resaltó que la minuta aprobada por el Senado respeta el carácter excepcional, restringido y limitado de la jurisdicción militar al no modificar al artículo 13 de la Constitución.

De igual forma, celebró que se haya garantizado la imposibilidad de privar a personas de la libertad en instalaciones militares y que toda persona detenida deberá ser puesta a disposición de la autoridad “civil”, ya que ambos temas fueron desde el inicio dos de las prioridades sustantivas de la ONU-DH.

Además de lo anterior, la ONU-DH encomió que la nueva versión mantenga dos avances significativos alcanzados desde la minuta adoptada por la Cámara de Diputados: la generación de dos marcos normativos de alcance nacional sobre uso de la fuerza y registro de personas detenidas. Dichos temas retoman reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.

“El hecho de que las y los integrantes del Senado hayan materializado un consenso que hace días parecía inalcanzable en un tema tan sensible y relevante para el pueblo de México es en sí mismo digno de reconocimiento. La voluntad de diálogo y la disposición de construir colectivamente y en pluralidad son métodos propios de toda sociedad madura que aspira a procesar sus diferencias de forma reflexiva por la vía democrática”, agregó Jan Jarab.

“De implementarse correctamente la reforma constitucional, en estricto apego a los derechos humanos y preservando el carácter civil de las corporaciones de seguridad, se iniciaría un camino para superar el paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de tareas que le son impropias,” concluyó Jan Jarab.

Luego de resaltar las contribuciones de organizaciones civiles, especialistas y académicos en el tema, reunidos en el colectivo Seguridad sin Guerra, la ONU-DH llamó a la Cámara de Diputados a aprobar los cambios positivos adoptados por el Senado de la República.

En ese mismo tono, refrendó su “plena disposición para seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano en la construcción de una política de seguridad ciudadana, así como para brindar su asistencia y colaboración técnicas en la elaboración de las leyes que se derivarán de la reforma y en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública”.



FEHC

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