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No es viable el Instituto Nacional Electoral: IEEC
16:02 ESTADO CAMPECHE
El Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche junto con 24 de sus homólogos en el país, vienen sosteniendo una serie de encuentros con comisiones legislativas.

Desde San Francisco de Campeche, Cam., octubre 11 de 2013 (COMUNICA).- Ante la inminente creación del Instituto Nacional Electoral (INE), y la consiguiente propuesta de desaparición de los Institutos y Consejos Electorales de los Estados, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Jesús Antonio Sabido Góngora, junto con 24 de sus homólogos en el país vienen sosteniendo una serie de encuentros con comisiones legislativas, en las que han presentado un documento en el que precisan que “la solución no debe de ser la desaparición de los organismos electorales locales, sino su fortalecimiento; equiparando las condiciones en que realizan sus funciones, sobre todo en los casos más desfavorecidos, diseñando mayores incentivos institucionales para mejorar su desempeño”.

“Para evitar cualquier duda sobre la imparcialidad, independencia y autonomía de los órganos electorales locales, se debe fortalecer su permanencia, integración y funcionamiento”, señala el documento en cuestión.

El documento que presenta los argumentos que cuestionan la viabilidad de la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), se refiere al Compromiso 90 del Pacto por México y las iniciativas de reforma que plantean la creación de “una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales” que traería aparejada la desaparición de los institutos electorales locales.

Ahí se asienta que los principales argumentos que plantean la creación del INE y la desaparición de los organismos electorales de los Estados y del Distrito Federal, son:

1. Los órganos electorales locales son muy costosos;

2. Hay duplicidad de funciones entre el IFE y los órganos locales; y

3. Intromisión de los Gobernadores en los órganos electorales.

Al respecto, la Asociación de Consejeros Presidentes de Institutos y Consejos Electorales Estatales (ACPICEE) manifiesta que dichos argumentos “carecen de estudios previos, serios, sustentados en información veraz y verificable, que permitan valorar con objetividad la actuación de los organismos estatales y del Distrito Federal”.

“No está probado -se precisa- que con la propuesta de creación de un solo organismo electoral se produzca un ahorro en la operación del sistema electoral; tampoco se han señalado las funciones que se duplican; o pretender evitar las posibles presiones o influencias indebidas que podrían ejercer los gobernadores sobre los institutos electorales con su desaparición, en vez de robustecer su autonomía a fin de evitar esa posible intromisión”.

En contraparte, la ACPICEE expone algunos datos relevantes que sustentan la viabilidad de la permanencia de los organismos electorales locales, como:

En cuanto al Presupuestos de operación 2013, por cada peso que gasta el IFE los 32 organismos gastan juntos 63 centavos.

En cuanto al Número de cargos a elegir, los Institutos y Consejos electorales de las entidades federativas organizan más comicios con menos recursos.

El IFE tiene la responsabilidad de organizar comicios para elegir 629 cargos y las autoridades electorales locales preparan la elección de tres mil 631 cargos:

En comparación, por cada 18 cargos cuya elección realiza el IFE las 32 entidades organizan 100 elecciones (5.7 veces más), lo que supone un mayor despliegue operativo de los órganos locales, pero con menos dinero.

Por ello, la creación del INE, con la responsabilidad de organizar todas las elecciones del país, evidentemente implicaría el aumento de recursos financieros, humanos y materiales, así como crear la infraestructura suficiente para atender esa función.

Estos datos ponen en evidencia que no está demostrado el supuesto costo excesivo de los órganos locales electorales, ni que su eliminación implique la disminución del uso de recursos públicos en la organización de las elecciones locales, al contrario, aumentaría el costo del árbitro electoral.

Asimismo, respecto a la presunta duplicidad de funciones, no existe tal entre el órgano electoral federal y los locales, sencillamente, por dos principales razones:
a) Los cargos que se eligen son de diferente nivel de gobierno, donde cada ámbito tiene asignadas responsabilidades precisas, acorde al sistema de distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas, que no puede trastocarse, pues alteraría el Pacto Federal. El IFE organiza elecciones de 629 cargos y los organismos locales de tres mil 631 autoridades.

b) Los órganos electorales locales son responsables de llevar a cabo procedimientos de democracia directa que constituyen conquistas de los ciudadanos, hasta la fecha no desarrollados en la legislación electoral de nivel federal.

Por tanto, desaparecer los órganos electorales es desconocer la dinámica y aportaciones de las entidades federativas, es abandonar la experiencia acumulada: “Los institutos electorales locales representan espacios de arbitraje a nivel local y desaparecerlos representa trasladar a nivel federal conflictos municipales y estatales”.

Y en cuanto a la supuesta intromisión de los Ejecutivos locales en las elecciones, con afectación a la imparcialidad y autonomía de los órganos electorales, precisan los Consejeros Presidentes que este argumento carece de sustento, por los razonamientos torales siguientes:

1. La alternancia en el poder es reflejo de elecciones libres y auténticas, que si hubiera intromisión de los gobiernos sobre el órgano electoral, no existiría, pues sería previsible la manipulación del proceso electoral a favor del partido del gobierno en turno.

2. La actuación de los institutos y consejos electorales locales es confirmada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en mayor medida que los actos de la autoridad federal.

El TEPJF sólo ha revocado el 16% de las decisiones de los institutos y tribunales electorales locales relativas a impugnaciones de la votación o la elección. Lo cual pone de manifiesto que el nivel de conflictividad de las decisiones de los órganos electorales no representa un porcentaje realmente significativo de las resoluciones del TEPJF.

Mientras que durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, el porcentaje de revocación o modificación de actos relacionados con la marcha del proceso (agravios fundados) fue del orden del 56%.

Esto significa que los actos derivados de los procesos electorales locales se sostienen jurídicamente en mayor proporción que los del ámbito federal; este es un indicador del nivel de independencia y legalidad que tienen los actos de las autoridades locales frente al gobierno en turno; y

3. Los medios de impugnación garantizan controles sobre la actuación de las autoridades; y para el posible riesgo de intervención de los gobernadores en los órganos electorales locales, existen los medios de impugnación y las instituciones para enfrentarlo y evitarlo.

El documento presentado por los Consejeros Presidentes de Institutos y Consejos Electorales Estatales propone entonces, para el fortalecimiento de los órganos electorales locales:

1. Dotar de más atribuciones a las autoridades electorales, para sancionar e inhibir conductas violatorias a la ley electoral.

2. Mecanismo estandarizado de designación de consejeros electorales locales, a fin de modificar y homogenizar el procedimiento para el nombramiento de consejeros, de tal manera que se les brinde certeza en su función.

-Es conveniente -asientan- que los consejeros electorales sean designados bajo un procedimiento legal que comprenda:

a. Emisión de una convocatoria abierta a la sociedad civil.

b. Perfiles profesionales adecuados para ser consejero: profesionalismo y especialización en temas electorales; cinco años de experiencia laboral en el mismo ámbito al que aspira.

c. Fase de revisión de las postulaciones, con el objeto de dar certeza que los congresos tendrían preseleccionados a candidatos que posean los conocimientos suficientes para el cargo.

3. Suprimir desigualdades entre institutos y consejeros. Existe una disparidad que debe corregirse:

a: Ampliar periodo del cargo a 9 años. Existen institutos que sólo consideran tres o cuatro años, improrrogables y sin posibilidad de reelección.

4.- Considerar el cargo de consejero electoral como un puesto “terminal”, es decir, un alto cargo que signifique la culminación de una carrera en el servicio público electoral.

Y concluyen que para todo ello “es necesaria una reforma integral que establezca el Sistema de Servicio Profesional Electoral en cada uno de los Estados de la República”.

MCB

Reunión con legisladores