Retos de la competencia presidencial

31 de mayo 2017 (Redacción Comunica).- La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, señala en su Título Segundo: De la Elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, Capítulo III, Disposiciones Complementarias, Art. 22, p 1: Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda. Sin embargo, en el caso de las elecciones del próximo año, el Transitorio Décimo Primero apunta: Las elecciones ordinarias federales y locales que se verifiquen en el año 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.

Las fuerzas políticas de México se encuentran, desde ya, absorbidas por el cambio de estafeta presidencial que se llevará a cabo el próximo 1 de julio del 2018. Aunque la ley electoral establece en su Art. 225, en su párrafo 1 “El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección”, la carrera por ocupar la silla presidencial ha iniciado; nombres han empezado a surgir, lo mismo que incipientes plataformas electorales, y también las primeras acusaciones tanto entre aspirantes de un mismo partido como demandas por actos anticipados de campaña entre los diversos partidos mexicanos.

Unos risueños, otros adustos, algunos con “espada en mano”, otros con cierta prudencia, los aspirantes se perfilan, se concentran en visualizar la silla presidencial, la residencia presidencial, ¡el poder presidencial! ¿Serán estas imágenes la primerísima estrategia para alcanzar el perfil presidencial?, ¿algún “manejador o manejadora” les dirige un taller sobre el éxito electoral?

Cómo sea; los aspirantes necesitan convencer a un pueblo con grandes frustraciones, con enormes pérdidas humanas y económicas, un pueblo sediento de respuestas y acciones que lo dignifiquen.

El analista mexicano Guillermo Aboumrad, doctor en Economía por la Universidad de Duke, director de estrategias de mercado en Casa de Bolsa Finamex y representante de la Asociación de Intermediarios Bursátiles ha señalado, “Tras las elecciones de Francia, la lección que México debe tomar es que la clase política tiene que renovarse o cambiará el modelo económico”. Los próximos candidatos deberían tomar muy en cuenta el consejo del analista, la economía de todo país depende, en una buena parte, de la respuesta social favorable a su mandatario.

La herencia mexicana que aguarda al próximo presidente es de una complicación inconmensurable, de enormes retos.

El nuevo gobierno presidencial, PRI; PAN; PRD; MORENA (por su orden de aparición política), cualquiera que triunfe en las elecciones federales del próximo año, heredará uno de los más terribles acontecimientos ocurridos, después de los hechos de 1968 en que se vieron envueltos gobierno y ejército, el caso ayotzinapa, ambos sin respuesta aceptada aún. ¿El reto será responder verazmente a los padres de los estudiantes sobre la suerte de sus hijos?, ¿buscar, aprehender, enjuiciar y encarcelar a los culpables?, ¿o simplemente averiguar entre los familiares de los desaparecidos qué desean para construir el escenario solicitado?.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que encabeza la de los 26 mil 898 desaparecidos en el país, cifra comentada por la periodista Carmen Aristegui en el 2016, y que en febrero de este año los medios de comunicación señalaban que las cifras son confusas, contradictorias y carentes de metodología, será un tema ineludible en las campañas.

Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extraoficiales son otros temas relacionados con resultados similares. En 2014 la ONU realizó una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en México; los resultados arrojaron el siguiente señalamiento: “sigue produciéndose un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad sistemática y endémica”.

Dentro de este mismo cauce se encuentran incorporadas las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que ha ocasionado violaciones generalizadas de derechos humanos. Los abusos e impunidad cometidos por el ejército llevaron al Congreso, en 2014, a reformar el Código de Justicia Militar para establecer que los abusos cometidos contra civiles por militares debían ser juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar; pero aún no hay resultados favorables contundentes.

En México la aplicación ineficaz de la ley dentro del sistema de justicia penal ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país. Corrupción, recursos insuficientes, falta de capacitación y complicidad de los agentes del MP, así como la confabulación de defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos, tienen al país hundido en el desamparo de una justicia vendada, sin respuestas veraces y verificables.

Las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y descartan en muchas ocasiones que los delitos estén vinculados con su profesión. La solicitud de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha sido lenta o insuficiente, como es el caso de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, abatida en su propio hogar el pasado 10 de mayo, día sumamente amoroso en la conciencia mexicana.

Programas para los indocumentados mexicanos que están siendo deportados, para los niños y niñas migrantes no acompañados por sus padres, la incertidumbre comercial, el gravamen sobre las remesas de nuestros connacionales. Las políticas represivas y proteccionistas planteadas por el nuevo gobierno de Estados Unidos han retrasado las inversiones en el país y generado incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los motores de la economía local (México exporta 8 de cada 10 dólares a Estados Unidos).

Fitch Ratings, la agencia internacional de calificación crediticia, corporación financiera, y firma consultora que ofrece productos y servicios para la industria financiera advierte que "El desempeño económico sigue bajo y esto va a provocar que México pierda crecimiento del producto interno bruto por habitante. Eso importa porque crea riesgos y tensiones políticas, especialmente cuando México enfrenta el cambio de gobierno en 2018".

Todo lo planteado líneas arriba, además de educación, salud, derechos a la justicia, al trabajo, y vida digna; son tan solo unos pocos de los cuantiosos temas que tienen que atender con esmero, seriedad y compromiso incuestionable con la totalidad de la sociedad mexicana, pobres, ricos y todos los que se encuentran en el medio de ellos; trabajadores y empresarios; burócratas y funcionarios públicos; absolutamente todos tenemos derechos.