¿Cuántos niños y jóvenes más tendrán que morir? / Katherine Fernandez Rundle*

Febrero 2018 ( COMUNICA ).- Una vez más nuestro país llora por sus más inocentes. Diecisiete muertos a manos de un joven que compró legalmente un AR-15 y quien públicamente fantaseaba con ser el próximo atacante en el colegio. Este joven no tenía suficiente edad para comprar bebidas alcohólicas pero sí para comprar un arma diseñada para ocasionar múltiples pérdidas en el más corto tiempo posible. Trágicamente, esto se está convirtiendo en algo más común y corriente. Esta vez nos tocó a nosotros, aquí en la Florida, justo en nuestro traspatio. Los legisladores tienen que dirigirse a la falta de controles sobre las armas más letales que permitieron las muertes de jóvenes inocentes y causaron el sufrimiento de familias, una comunidad y una nación.

He trabajado por años para proponer leyes razonables sobre armas de fuego y la posesión de armas de fuego, mientras he visto a mi propia comunidad ahogarse en violencia de armas de fuego y pena. Ahora una masacre nos convierte en foco de la atención internacional. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para hacer lo correcto para nuestros hijos y familias. Hace unos meses, me reuní con otros colegas que también son fiscales elegidos, nos referimos a nuestro grupo como Prosecutors Against Gun Violence (PAGV), en Washington, D.C. para oponernos a proyectos de ley que aflojaban las leyes de armas de fuego. PAGV es una coalición independiente y bipartidista de 30 fiscales que representan a las jurisdicciones más grandes de los Estados Unidos desde Las Vegas, Houston , Los Ángeles hasta Miami, Boston y Nueva York. Como fiscales que tratamos con violencia de armas de fuego todos los días, estamos preocupados que por permitir más armas en nuestras comunidades y los estados que no tienen verificación básica de antec
edentes y protecciones de seguridad agregan otra capa de violencia potencial a nuestras jurisdicciones. Esta es solamente una de las muchas cosas a que nos tenemos que dirigir inmediatamente por nuestros legisladores federales y estatales.

Mientras este acto atroz nos ha empujado al centro de la atención nacional, como alguien quien ha mandado a empleados y recursos a nuestros vecindarios para ponerle fin a la violencia de armas de fuego y a llevar a juicio a los criminales responsables, yo sé de primera mano que muchas madres tienen temor de que les llegue la noticia, no de una masacre en un colegio, pero de la violencia de armas de fuego en los vecindarios individuales que aterroriza a sus familias diariamente. Los disparos desde un vehículo con armas de fuego de asalto de mucho empuje que están fácilmente disponibles, se está convirtiendo en una realidad terrible de nuestras vidas cotidianas.

Es solamente mediado de febrero de 2018 y ya hemos visto muchos tiroteos en o cerca de escuelas que ponen a nuestros hijos en peligro. Cada lista de muertes en estas balaceras incluye victimas que son niños. Esto es extremadamente triste. Cada una de estas víctimas y su familias que quedaron devastadas tienen sueños; sueños que nunca serán realizados. David Hogg, de diecisiete años, es un alumno de Marjorie Stoneman Douglas High School quien sobrevivió la masacre, hizo una de las declaraciones más emocionante hasta la fecha:

“¡Por Favor!” dijo, “Nosotros somos menores. Ustedes son los adultos. Tomen acción, trabajen juntos, háganse entender por arriba de sus políticas y hagan algo. Esta es la decimoctava este año. Esto es inaceptable.”

Nosotros, como floridanos y en particular los del sur de la Florida quienes, han sido afectados personalmente por este acto impensable. Tenemos que contactar a nuestros legisladores en Washington y en Tallahassee y demandar leyes de armas de fuego que tengan sentido común.

Es hora de ser los adultos.

Katherine Fernandez Rundle*.-  Fiscal del Estado para el Condado de Miami-Dade en Florida y primera abogada estatal hispana en la Florida, recibió una licenciatura y maestría en Criminología de la Universidad de Miami y una licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge. Ayudó a escribir y aprobar el Código de Castigo de Florida, y participó en la formación del Tribunal de Drogas del Condado de Dade. En su papel de Asistente Principal, actuó como asesora legal del Gran Jurado del Condado de Miami-Dade y creó la primera unidad de violencia doméstica del estado

JCM