Hopelchén gana amparo contra Monsanto por soya transgénica

Desde San Francisco de Campeche, Cam., 13 de marzo de 2014. (COMUNICA).- Las comunidades mayas Pac-Chen y Cancabchén, del municipio de Holpechén obtuvieron un amparo solicitado para evitar que Monsanto llegara a su tierra a sembrar soya transgénica.

Los oriundos de Hopelchén estaban en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra de soya genéticamente modificada en más de 253 mil hectáreas.

El 6 de junio del 2012, Sagarpa autorizó a Monsanto la siembra de soya genéticamente modificada en siete estados de la república, incluidos los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada.

En Holpechén, autoridades mayas de las comunidades Pac-Chen y Cancabchen, así como diversas asociaciones de apicultores del estado, presentaron sendos amparos en contra de dicho permiso (juicios 753/2012 y 762/2012, respectivamente).

Casi dos años después, el Juzgado Segundo de Distrito de la ciudad de Campeche otorgó un amparo a los cheneros contra la siembra de soya tolerante al herbicida glifosato.

El Juez determinó que el permiso otorgado por ambas secretarías para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada de Monsanto, violaba el derecho de consulta, libre, previa e informada, protegido por el artículo 2 de la Constitución mexicana y 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no dando certeza a las comunidades indígenas durante el proceso para definir sobre su tierra y territorio.

Además, los afectados argumentaron que la siembra de soya transgénica afecta la apicultura tradicional y que se pretende deforestar y usar grandes cantidades de pesticidas y herbicidas.

Por ello, el Juez también consideró que la Sagarpa no estableció un mecanismo adecuado, idóneo y acorde con sus costumbres, tradiciones, que considerara procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones.

A pesar de que la demanda fue presentada sólo por dos comunidades de Holpechén, al delimitar el alcance de la sentencia, y en una interpretación avanzada de los artículos 1 y 2 de la Constitución, el juez determinó que los efectos de la misma aplicaban a todos los municipios afectados por el permiso, con lo que queda cancelado este cultivo en todo el estado de Campeche.

En consecuencia, la Sagarpa tiene la obligación de garantizar que no se sembrará soya transgénica en la entidad.

Las comunidades mayas de Pac-Chen y Cancabchén, junto con el Colectivo Apícola de los Chenes, Indignación A.C., Educe Cooperativa, Colectivo MA OGM, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos llevaron a cabo este proceso.

De acuerdo con el comunicado de los demandantes: La resolución del juzgado, reivindica el derecho de los habitantes mayas a ser consultados y a decidir sobre los proyectos que se aplican en sus comunidades y su territorio.

"Resalta la obligación, omitida por décadas, de considerar sus necesidades y evidencia que tanto las autoridades federales como las del propio estado de Campeche, han implementado políticas públicas que benefician a unos cuantos y afectan al grueso de la población, principalmente indígena de la península de Yucatán".

Quienes lograron que en Campeche no se sembrará productos transgénicos, resaltaron que esta sentencia sienta un precedente fundamental para otros juicios de amparo que se han presentado contra las políticas públicas pro transgénicos que han sido impulsadas desde la Federación.

En próximas fechas, el mismo juzgado que otorgó el amparo a las comunidades cheneras, resolverá el juicio de amparo 762/2012, presentado por asociaciones de apicultores de Campeche contra el mismo permiso.

De igual forma, Juzgados de Distrito en Chiapas y Yucatán, deberán resolver dos amparos presentados por asociaciones de apicultores y comunidades de esas entidades. Dichos jueces deberán tomar en cuenta los criterios establecidos en esta sentencia.

CAP